¿Coordinadores o candidatos? La delgada línea entre la legalidad y la ética electoral

Hay algo peculiar en la política mexicana: muchas veces todos sabemos lo que está sucediendo, aunque jurídicamente tenga otro nombre.

Los llamados “Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en los estados" de Morena son quizá el ejemplo más evidente. Formalmente, no son candidatos. Políticamente, sin embargo, resulta difícil no reconocerlos como los perfiles que buscan encabezar las futuras candidaturas de Morena a las gubernaturas.

En este punto comienza el verdadero debate.

No se trata de afirmar, sin más, que Morena está violando la ley. Esa conclusión corresponde a las autoridades electorales y debe sostenerse caso por caso. El problema es más profundo: ¿qué sucede cuando una práctica puede mantenerse dentro de los límites formales de la legislación, pero produce algunos de los efectos que esa misma legislación buscaba evitar?

Un recorrido territorial puede presentarse como actividad partidista. Un evento puede denominarse reunión de organización. Una persona puede ser presentada como coordinadora y no como candidata. Sin embargo, la ciudadanía entiende perfectamente lo que está ocurriendo.

El Tribunal Electoral ya ha tenido que pronunciarse sobre estos mecanismos y establecer límites para evitar que los procesos internos se conviertan en campañas anticipadas. Y el propio INE ha advertido sobre los riesgos que estas prácticas pueden generar para la equidad de la contienda. En este punto, el planteamiento no es solamente jurídica, más bien es ético.

La democracia también tiene espíritu

La regulación electoral no existe únicamente para prohibir que alguien diga “vota por mí” antes de tiempo. Existe para procurar condiciones de competencia razonablemente equitativas. Si una persona puede recorrer durante meses un estado, aparecer constantemente en medios, realizar eventos, construir estructuras territoriales y convertirse en un personaje ampliamente conocido antes del inicio formal de una campaña, difícilmente podemos decir que ese tiempo carece de consecuencias electorales sólo porque nunca pidió expresamente el voto.

La ventaja política también se construye antes de las campañas. Algo puede ser jurídicamente permisible y aun así, cuestionable desde la perspectiva de la equidad democrática.

El problema de los recursos

Hay otra pregunta que no podemos dejar de lado: ¿cuánto cuesta posicionarse antes de ser candidato?

Traslados, eventos, comunicación, pinta de bardas, volanteo, equipos territoriales, redes sociales, propaganda y organización política requieren recursos.

¿Quién los aporta?, ¿Quién los administra?, ¿Quién los fiscaliza? ¿Qué sucede si quien hoy es “coordinador” mañana se convierte en candidato?

El INE ha advertido precisamente sobre las dificultades de fiscalizar estas actividades cuando se desarrollan antes de que exista formalmente una candidatura. En este sentido, la transparencia no debería comenzar el día en que inicia una campaña.

Si una actividad tiene potencial de producir una ventaja electoral, sus recursos deberían ser transparentes desde que comienzan a utilizarse.

El precedente es más importante que el partido

Pero quizá el mayor riesgo no está estricamente en Morena, más bien radica en que esta práctica se convierta en una nueva normalidad. Si Morena puede utilizar una figura para posicionar anticipadamente a sus futuros candidatos, ¿qué impediría que mañana lo hagan el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano o cualquier otra fuerza política?

De hecho, ya existen señales de que estas prácticas comienzan a replicarse bajo distintas denominaciones. Con esto, podríamos entrar en una carrera electoral permanente: un partido se adelanta, los demás responden y, finalmente, todos terminan haciendo campaña antes de que comiencen oficialmente las campañas.

La ciudadanía también sabe lo que ocurre

Hay, además, una responsabilidad que pocas veces discutimos: la de la propia ciudadanía. Sabemos que el coordinador probablemente será candidato, los medios de comunicación lo saben, los dirigentes lo saben, los adversarios políticos lo saben. Sin embargo, aceptamos el lenguaje formal que permite presentar el fenómeno de otra manera. Esta es quizá la parte más interesante de la discusión: la simulación institucional no necesita que nadie ignore la realidad; basta con que todos aceptemos llamarla de otra manera.

¿Necesitamos nuevas reglas?

Probablemente sí, no para prohibir la actividad política previa a una elección, porque eso sería poco realista. Los partidos tienen derecho a organizarse y sus militantes tienen derecho a participar. Pero sí necesitamos reglas que impidan que la actividad partidista se convierta, en los hechos, en una campaña electoral anticipada sin fiscalización, sin límites claros y con ventajas difíciles de compensar posteriormente.

Necesitamos transparencia anticipada, fiscalización de los recursos, reglas claras sobre propaganda y mecanismos que permitan preservar la equidad antes de que formalmente comience la contienda.

Pero también necesitamos algo más difícil de legislar: una cultura de integridad política.

La pregunta incómoda

Morena tiene hoy una responsabilidad particular por ser el partido que gobierna al país y porque sus prácticas pueden convertirse en precedentes para el resto del sistema político, pero la crítica debe ser universal.

Si mañana otro partido utiliza una figura distinta para conseguir exactamente el mismo resultado, el argumento debe ser el mismo. No podemos defender la legalidad cuando nos beneficia y cuestionarla cuando beneficia al adversario.

Por eso, quizá el debate que México necesita no sea solamente sobre quién está violando la ley. Necesitamos discutir qué tipo de competencia electoral queremos construir. Una en la que los partidos busquen permanentemente las fronteras de la norma para obtener ventajas anticipadas, o una en la que los actores políticos entiendan que la democracia exige algo más que no cruzar la línea jurídica. Finalmente, en una democracia sólida la verdadera reflexión de cada uno de sus actores debe ser:

¿Esto es éticamente compatible con la democracia que queremos construir?